El restaurante La Carreta, cuya razón social es ADMINISTRADORA LC S.A.C., abría sus puertas a una buena cantidad de comensales del más importante centro financiero del Perú. Pero hace poco negó la atención, no a sus pudientes clientes y no por la cuarentena, a un notificador que le hacía llegar una carta notarial firmada por un conjunto de trabajadores.

En esa carta se le reclama al gerente Rodrigo Villasana Yabar, entre otras cosas, que no hizo el correspondiente depósito a favor de los trabajadores por concepto de AFP. Que para efectos del caso se escogió a Pro Futuro,  cuyo edificio principal se ubica, irónicamente, a unos pasos del concurrido restaurante.

El reclamo no se detiene en la carta notarial, pues uno de los trabajadores denunció ante el Ministerio Público al señor Villasana por el delito de apropiación ilícita. En sus descargos, Villasana se excusa de no haber realizado los pagos porque la construcción de la av. Rivera Navarrete en el 2015 le impidió utilizar la cochera del restaurante, pero que ha llegado a un acuerdo con la AFP Pro Futuro, para pagar los aportes que debe (aunque no menciona cuándo lo hará).

La denuncia penal no pasó a mayores porque en diciembre del año pasado la fiscal de la 13 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Katharine Borrero S., decidió archivar la denuncia argumentando, básicamente, que se trata de una "controversia laboral" y que primero se deben tocar las puertas del Ministerio de Trabajo y no de la fiscalía. La respuesta a esa disposición de archivo fue una queja de derecho que todavía no es exportada a la fiscalía superior para que evalúe si la decisión de la fiscal Borrero se debe declarar inválida o no.

DECISIÓN DE ARCHIVO QUE HA SIDO IMPUGNADA

La otra denuncia penal, promovida por los accionistas minoritarios de la empresa, acusa a Rodrigo Villasana Yabar, dueño del restaurante La Carreta, de utilizar a modestos trabajadores para enviar dinero al extranjero durante años producto de evasión tributaria. 

El caso inició el 2012 pero pasó a los fueros del Poder Judicial recién siete años después. La denuncia tuvo varios tropiezos pues el magistrado que ve el asunto, Julio Gonzalo Pacherres, del 20° Juzgado Penal de Lima, ha hecho rutina devolver el expediente a la fiscalía pidiendo continuamente "precisiones" y por más que el fiscal a cargo hace las correcciones que le solicitan, el expediente es devuelto. Motivo por el cual se presentó un reclamo a la procuraduría de lavado de activos de Lima, aunque sin mayores éxitos.

Esta denuncia también a salpicado a Manuel Punto Figueroa, auxiliar de la empresa y a quien se le incrimina ser la persona que enviaba el dinero color hollín al extranjero a través de Western Unión y quien de paso que se la alcanzaba a Villasana. 

Dicen que la pita se rompe por el lado más débil, y por ello uno de los denunciantes de la trama ha sugerido que Figueroa se acoja a la colaboración eficaz en lugar de inmolarse por Rodrigo Villasana, quien ni siquiera le ha pagado la CTS. Quizá quede más satisfecho que después de comer un buen plato en La Carreta.

UNO DE LOS ACTUALES DOCUMENTOS DEL CASO POR LAVADO DE ACTIVOS